En 2010, Susana Martínez fue elegida gobernadora de Nuevo México.  Con su elección se convirtió en la primera mujer gobernadora del estado y la primera gobernadora hispana en la historia de los Estados Unidos.

En 2013, la revista TIME la nombró una de las 100 personas más influyentes en el mundo, una entre solamente dos gobernadores incluidos en la lista. En abril de 2011, la revista Hispanic Business nombró a Martínez “La Mujer del Año” debido a sus esfuerzos para reducir el nivel de impuestos estatales, para poner en orden el deterioro financiero del estado, y para promover un ambiente comercial receptivo que permitiera la creación de empleos para trabajadores nuevomexicanos.  La revista National Review escribió: “Ella es pragmática pero firme en sus principios.  Mantiene su dirección filosófica sin olvidarse de los detalles…Ella apoya y ejemplifica el Sueño Americano.  El entusiasmo que la gente siente por Susana Martínez es perdonable”.

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Como gobernadora, Susana Martínez transformó el déficit más grande en la historia del estado en un superávit,  asimismo asegurando la continuación de niveles de financiamiento adecuados para proteger prioridades claves como son la educación y la salud para los más necesitados. Todo esto se logró sin tener que aumentar los impuestos. Susana Martínez también ha trabajado de una manera bipartidista con la legislatura controlada por el partido Demócrata para aprobar reformas básicas y que carecen de carácter partidista.

En 2013, la Gobernadora Martínez firmó la llamada ley Paquete Nuevomexicano para Trabajos (NM Jobs Package), la cual redujo la tasa de impuestos sobre los negocios del 7,6 al 5,9 por ciento. El Presidente del Comité de Finanzas del senado, y miembro del partido Demócrata, describió la ley como “lo más parecido a una reforma contributiva comprensiva y absoluta desde que yo he estado aquí.”  Aún más, la Gobernadora Martínez luchó para enmendar el código tributario de Nuevo México, asegurando que los fabricantes no fueran penalizados por exportar sus productos.   Estas medidas han tenido un impacto inmediato y significativo, ya que Nuevo México subió del 38vo lugar entre los estados al primero en el crecimiento en las exportaciones en 2012.

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La Gobernadora también ha puesto un gran énfasis en mejorar el sistema educacional de Nuevo México, trabajando con estudiantes, padres, maestros, administradores y profesionales para promover una agenda de reformas efectivas. El gobierno de Martínez ganó la aprobación de la ley que establece el sistema de calificaciones sencillas para las escuelas, permitiendo que los estudiantes y padres de familia entendieran mejor el nivel de rendimiento de sus instituciones educacionales. Además, el Departamento de Educación Pública ha implementado un muy necesitado  sistema de evaluación de los maestros por el cual se ayuda a los maestros que tienen dificultades y se reconoce a aquellos que sobresalen. En estados a través del país, las evaluaciones de los profesionales en el campo de la educación han sido un paso crítico para mejorar la calidad de la educación que los estudiantes reciben.

La agenda de la Gobernadora Martínez también se ha enfocado en apoyar a industrias que generan empleos en Nuevo México, incluyendo en el sector de la energía. Su gobierno revocó y reemplazó parte de la llamada ‘pit rule,’ (regla de pozos) ayudando en el manejo de desechos de las perforaciones de pozos de petróleo y gas de manera segura para el medioambiente. La Gobernadora también ha propiciado la reducción de reglamentos innecesarios y abrumadores en varios sectores de la economía de Nuevo México, incluyendo en el sector de energía, permitiendo a los empresarios funcionar con más eficiencia y efectividad, mientras se mantiene la supervisión necesaria de las debidas agencias estatales.

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La Gobernadora nunca ha olvidado su responsabilidad de terminar con la corrupción y malversación de fondos en el gobierno estatal, la cual corría de manera desenfrenada en el gobierno anterior. A raíz de ser electa y tomar posesión de su cargo, Martínez comenzó a reformar las prácticas en el manejo cotidiano del gobierno estatal.   Ella vendió el avión (un jet) del estado – símbolo de desperdicio, fraude y abuso – y a su vez firmó una ley que permite a los jueces suspender la pensión de jubilo para aquellos funcionarios públicos quienes hayan sido encontrados culpables de corrupción.

La Gobernadora Martínez también se ha preocupado de los retos a largo plazo que enfrenta Nuevo México, un estado que depende en gran medida de fondos federales.  Estos han sido reducidos fuertemente por la recesión nacional, el cierre del gobierno federal, y los recortes al presupuesto federal. Para disminuir estos efectos hacia nuestros ciudadanos, las reformas económicas y bipartidarias de la Gobernadora ayudan permiten la diversificación de la economía estatal, aumentando la competitividad frente a los estados vecinos, y atrayendo a empresarios creadores de empleos para nuestros ciudadanos.

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Antes de ser elegida gobernadora, Martínez fue fiscal de Distrito Judicial durante un lapso de 25 años. Fue elegida fiscal para el Tercer Distrito Judicial en el Condado de Doña Ana, en el sur de Nuevo México, un puesto que mantuvo por 14 años. Martínez fue electa a dicho cargo en 1996 y fue re-elegida tres veces; en 2008 se postuló al cargo sin oposición.  Además de encargarse de la segunda oficina más grande de la fiscalía del estado, Martínez personalmente trabajó algunos de los casos más difíciles, incluyendo los de abuso físico y sexual de menores y homicidio de menores. En 2008, la revista Heart nombró a Martínez “Mujer del Año” por su dedicación al servicio de los menores y sus esfuerzos por la protección de los niños e infantes. También ha sido nombrada dos veces “Fiscal del Año” de Nuevo México.

Como fiscal, Martínez enjuició y condenó al asesino de Katie Sepich, una estudiante de 22 años, en cuyo honor se ratificó la Ley Katie (Katie’s Law). Martínez luchó arduamente  por la aprobación de la ley, la cual requiere una muestra de ADN en todos los arrestos por delitos graves. La expansión de la Ley Katie fue aprobada por la legislatura con gran apoyo bipartidista y la Gobernadora Martínez la firmó como ley en abril de 2011.  Cuando la Ley Katie fue desafiada en un caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Gobernadora Martínez presentó un amicus curiae en favor de la ley. La Corte estuvo de acuerdo con la Gobernadora Martínez y confirmó la ley, dictando que la misma es compatible con la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.  La Corte dispuso que la colección de ADN en tales casos es semejante a la colección de huellas digitales.

1512514_10152034555778971_1065371003_nMartínez viene de una familia trabajadora de clase media. Con muy poco dinero en los bolsillos, su papá y mamá empezaron un negocio de guardias de seguridad.  La madre de Susana hacia las cuentas en la cocina y Susana trabajaba como guardia de seguridad de noche mientras asistía en la universidad durante el día.  Martínez nació y creció en el Valle del Rio Grande y ha hecho su hogar en Las Cruces desde los años 80. Ella obtuvo su licenciatura de la Universidad de Texas en El Paso y más tarde obtuvo su título en Derecho en la Universidad de Oklahoma, Facultad de Derecho.

Su esposo, Chuck Franco, concluyó tres décadas de su carera en el orden público prestando servicio como sub-alguacil en el Condado de Doña Ana. Su hijastro Carlo es veterano de las Fuerzas Especializadas de la Marina de EE.UU (Navy) y actualmente estudia en la Universidad de Nuevo México y trabaja para la ciudad de Albuquerque.  La Gobernadora también cuida de Lettie, su hermana mayor, quien sufre de parálisis cerebral y está incapacitada.